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Un ejemplo a imitar

Tomas Nassar tnassar@nassarabogados.com | Jueves 03 marzo, 2011



Vericuetos
Un ejemplo a imitar


En febrero pasado el presidente de México, Felipe Calderón, firmó un decreto por el que se autorizó que las personas físicas deduzcan en las declaraciones y pago de su impuesto sobre la renta los gastos de matrícula y colegiatura de la educación primaria, secundaria y lo que en ese país se denomina “media superior”.
Esta medida será efectiva con respecto a todos los pagos que se realicen a instituciones educativas privadas que operen bajo el reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos en que determina la Ley General de Educación de la Federación Mexicana, y rige para el estudiante-contribuyente, su cónyuge, sus hijos y sus padres.
Con ella el gobierno mexicano pretende apoyar el esfuerzo de las familias que tratan de salir adelante mediante la única vía de movilidad social que tiene permanencia en el tiempo: la educación que capacita para aspirar a empleos mejor remunerados.
En la presentación de la medida en su residencia de Los Pinos, el mandatario dijo: “Así, se atiende un principio elemental de justicia distributiva, ya que los alumnos que asisten a escuelas privadas no representan un costo para el Estado en materia de educación, aun cuando sus familias siguen contribuyendo a financiar el gasto de la educación pública a través del pago de sus impuestos”.
Esta noticia llegó a mi conocimiento cuando terminaba de leer el libro “Basta de Historias” en que el periodista Andrés Openheimer, hace un recorrido por las políticas adoptadas por varios gobiernos para universalizar el acceso a la educación formal y mejorar la calidad de esta, así como la incidencia que ellas han tenido en el desarrollo económico y social de su población; lectura que, por coincidencia, se daba en el contexto de la intención del plan fiscal de gravar la educación privada a la que, en la equivocadísima opinión del Ministro de Hacienda, tendrían acceso solo los hijos de las familias más adineradas.
Probablemente los redactores y proponentes de la norma que pretende afectar la colegiatura de los estudiantes con el Impuesto al Valor Agregado, ante la urgencia de equilibrar las cifras en el debe y el haber de las cuentas públicas e imbuidos en el análisis de los tecnicismos propios del manejo de las delicadas finanzas del Estado, y los padres y madres de la Patria que acogen y bendicen el proyecto, no hayan tenido el tiempo necesario para meditar sobre temas que no se pueden soslayar: a) el papel histórico de la educación como generadora de oportunidades y garante de la paz social; b) la sensibilidad de los presupuestos de las familias de clase media y media baja, principales usuarios de la educación privada en el país (estadísticamente demostrable); c) la potencial migración consecuente hacia la educación pública; d) la incapacidad del Estado de garantizar acceso a escuelas, colegios y universidades públicas para todos los que se vean en la obligación, por necesidad, de desertar de la educación privada; y, e) el enorme daño social que se produce con esta medida y la tremenda responsabilidad histórica que llevarán sobre sus hombros quienes presten su voto a este despropósito fiscal.

Tomás Nassar

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