¿Una agencia “estatal” de empleo?

Natalia Díaz natdiaquin@gmail.com | Jueves 01 agosto, 2019

Se pretende la apertura, en el 2020, de una agencia para generar empleos. Una iniciativa nada feliz como estrategia para colocar ciudadanos desempleados.

Esta agencia estará a cargo del Instituto Nacional de Aprendizaje y según indicó Casa Presidencial, mediante un comunicado, se instalarán sucursales en todo el país como ventanillas únicas de atención a personas y empresas.

En primer lugar, no es función del estado convertirse en un centro de recepción curricular para derivar contrataciones. En tiempos de contracción económica es poco lo que un centro de recibo documental, que coordine con el Ministerio de Trabajo, podría realizar. No tiene sentido práctico pues prácticamente las empresas no están abriendo nuevas plazas en ningún sector de la economía.

Por otro lado, un Consejo Directivo propio, una secretaría técnica y unidades de empleo a la orden de una agencia central, no es más que un nuevo ente burocrático más. Recordemos que ya existe una Dirección de Empleo en el Ministerio de Trabajo.

Esta “nueva” oficina de empleo que pretende crear el gobierno solo nos va a generar más gasto público. Dietas para el Consejo Directivo, salarios para los jerarcas y el personal, además del gasto de la logística necesaria para administrar un órgano más del poder ejecutivo.

En un artículo que escribí en mi columna de este medio el 6 de diciembre del año pasado, mencioné algunas medidas a valorar para reactivar la economía. Reitero algunas de ellas y agrego otras que a mi criterio deberían considerarse, en lugar de crear esta agencia estatal:

- Incrementar la confianza de los consumidores.

- Brindar seguridad jurídica.

- Simplificar el sistema tributario por un impuesto de renta bajo y único (flat tax) y la reducción de otros impuestos y cargas sociales.

- Avanzar en la aprobación de proyectos de ley como la flexibilización de las jornadas laborales y el poder asegurar al trabajador por el tiempo real que trabaja y no sobre la base mínima contributiva que establece la C.C.S.S.

- Invertir la cronología del proceso de otorgamiento de licencias comerciales (patentes) para nuevas actividades económicas. Es decir, que el interesado pueda indicarle a la Municipalidad que cumple con los requisitos, para poder obtener inmediatamente la inscripción de su actividad lucrativa; y que la Municipalidad posteriormente verifique, en el sitio, el cumplimiento de dichos requisitos.

- Impulsar la formalización de mipymes y trabajadores independientes. Para ello se debe implementar con urgencia cargas sociales diferenciadas y razonables. Además, es necesario articular con la Junta Directiva de la C.C.S.S una aministía (no pago de intereses y multas) y por qué no valorar una condonación (de intereses, multas y deuda) en el pago de los seguros de salud y de pensión de la Caja también. Se podría habilitar un período de tiempo para que las personas “se pongan al día” en sus obligaciones sin sufrir sanciones por haberse atrasado en sus cuotas. Esto sin duda sería una medida de emergencia que reduciría la informalidad.

- Establecer de manera inmediata esquemas de gobierno digital.

- Aumentar los encadenamientos productivos en sectores claves que estén impulsando el crecimiento económico.

- Realizar una mejora significativa de la infraestructura del país, a través de las alianzas público-privadas. Mientras tanto debe darse celeridad a los megaproyectos de infraestructura vial que ya se encuentran financiados, y muchos que ya están en ejecución, pero que por la maraña en expropiaciones lentas, licitaciones apeladas y un CONAVI que aún no despega como debe ser, se encuentran en un grado de avance muy lento.

- Fomentar la innovación y los emprendimientos con recursos de banca para el desarrollo. Hoy tenemos $350 millones ociosos que podrían dinamizar el comercio, el agro y otros tipos de servicios.

- Optimizar los planes educativos para el sector público. Concuerdo completamente con la importancia de nuestra educación, pero debemos exigir que los resultados guarden relación con la alta inversión que, como porcentaje del PIB, destinamos a este rubro (cerca del 8%).

Implementar la educación dual y así ajustar los planes de estudio a las carreras con mayor demanda laboral.

- Eliminar los monopolios públicos y privados para estimular la competencia en tarifas y calidad de mercado mundial. En este aspecto la reducción de la factura eléctrica es un tema esencial para mejorar la competitividad de nuestro país y reactivar la economía.

- Aprobar de una vez por todas el ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico conformada por Chile, Colombia, México y Perú que es quizás la mejor oportunidad de una zona económica ampliada para el comercio regional y mundial. Se trata de un mercado de 225 millones de habitantes, un ingreso per cápita de $19 mil con el 35% del PIB de América Latina y el 50% del Comercio Regional, que la constituye en la octava economía del mundo y la sétima exportadora a nivel mundial. A la vez es un foro de cooperación entre los sectores público y privado.

No es con más plazas y más presupuesto público como vamos a generar empleos. Se requiere de señales claras y contundentes de recorte del gasto y de una agenda concreta, realista e inmediata para reactivar la economía.

El gobierno, por dilemas ideológicos, no ha querido impulsar estas medidas claves de reactivación y esto ha traído como consecuencia mayor desconfianza, incertidumbre y poca credibilidad.

En fin, es con acciones claras, como el restablecimiento de la confianza en que no habrá más paquetes fiscales, ni persecuciones hacia quien emprende, ni cierre de negocios ni clausuras desproporcionadas, ni allanamientos mediáticos, como podemos enrumbar de nuevo la alicaída producción nacional.

¿Una agencia “estatal” de empleo?

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