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Una política alternativa para el fomento de la actividad arrocera

Ecoanálisis Consultores mercadeo@ecoanalisis.org | Lunes 22 octubre, 2018

Una política alternativa para el fomento de la actividad arrocera

Ricardo Monge González, economista y socio consultor de Ecoanálisis

Por varias décadas la política de promoción de la actividad arrocera ha consistido básicamente en el proteccionismo contra las importaciones y la fijación de precios en todos los eslabones de la cadena de valor. Los resultados de este tipo de política han sido la reducción sistemática de la productividad en esta actividad; la concentración de la producción, tanto a nivel agrícola como de molinos, en unas pocas manos; la condena a los productores más pequeños a vegetar en la frontera agrícola, y un mayor costo del arroz para los hogares costarricenses, especialmente para aquellos más humildes, produciéndose así un traslado de recursos desde estos hogares a los productores más grandes.

Debido a lo anterior, cabe preguntarse: ¿Existe una política alternativa para el fomento de la actividad arrocera en Costa Rica? La respuesta es sí. Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo del año 2014, titulado: ¿Cómo repensar el desarrollo productivo?, señala cuál es este tipo de política. Según los autores en el noreste de Argentina, hasta finales del siglo pasado, solo se producía una variedad de arroz de baja calidad, resistencia y productividad, destinada al mercado de Brasil. En 1999, con la devaluación del real (moneda brasileña) los arroceros argentinos perdieron competitividad. Ante dicha situación, la Fundación Pro-Arroz (una fundación de productores locales) buscó el apoyo del Instituto Nacional de Tecnología Agraria (INTA) para mejorar la productividad en el arroz, toda vez que desde inicios de los 90, el INTA venía desarrollando una nueva variedad (Camba) de mejor calidad y mayor productividad.

En vez de hacer cabildeo para buscar mayor protección, la Fundación Pro-Arroz decidió apoyar financieramente al INTA-Concepción, para lo cual solicitó el apoyo de sus miembros. Además, a instancias de Pro-Arroz, el Estado Provincial introdujo un impuesto a los productores de arroz que va directamente a financiar las actividades de investigación del INTA-Concepción. Los productores de arroz no solo pagaron el nuevo impuesto, sino que colaboraron prestando sus campos para la experimentación necesaria con la nueva variedad producida por el INTA. Como resultado, el sector arrocero argentino rápidamente ganó en productividad y recuperó su competitividad.

Los autores del estudio del BID comparan la evolución de la productividad por hectárea de arroz, entre Argentina y Costa Rica en los últimos 23 años (1990-2013), y concluyen que mientras en Argentina la productividad ha aumentado en forma sostenida, en Costa Rica ha sucedido todo lo contrario.

Dada la experiencia de Argentina, una política alternativa para Costa Rica debería incluir como mínimo, eliminar del todo el proteccionismo en forma gradual, pero con una fecha límite preestablecida, así como la fijación de precios. En forma paralela, ayudar a los productores de arroz más pequeños a mejorar su productividad, o bien, ayudarles a reasignar sus recursos hacia otras actividades con mayores oportunidades de superación (reconversión productiva).

Existen recursos disponibles que se pueden usar para implementar esta política (v.g. CONARROZ y Banca para el Desarrollo). Así, por ejemplo, se podría determinar el nivel de productividad de los diferentes productores de arroz y poder identificar los potenciales beneficiarios del nuevo esquema; establecer un paquete de capacitación y asistencia técnica apropiado para estos productores; diseñar e implementar una línea de crédito especial para estos productores y brindar apoyo económico durante la transición a los productores en condiciones de pobreza, para garantizar ciertos niveles de consumo.

Apoyar o no a los productores agrícolas más pequeños está fuera de discusión. La pregunta es cómo apoyarlos de manera eficiente y eficaz. Emplear una política óptima requiere entender el problema y trabajar fuertemente en el diseño e implementación de dicha política. La solución fácil es la de proteger a un grupo bien organizado en detrimento de la mayoría.

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