Violencia tarifaria

Alvaro Madrigal cuyameltica@yahoo.com | Jueves 17 abril, 2008

De cal y de arena

Alvaro Madrigal
Violencia tarifaria

Lo del “abelato” (años de acefalía en la cúpula del poder) terminó. Hoy, los hermanos Arias mandan y gobiernan sin margen a disensiones. Por eso, más allá de los ámbitos técnicos que puedan sustentar las resoluciones de la ARESEP sobre precios y tarifas de bienes y servicios, o de las que dicta el Banco Central en punto a crédito, tipo de cambio y encajes, está la voluntad imperiosa de quien detenta el verdadero poder. De ese ámbito esencialmente político, don Oscar y don Rodrigo son los responsables. Es decir, a ellos es a quienes hay que pedir cuentas por el impacto socialmente desequilibrador que se evidencia en el manejo de precios y tarifas que practica ARESEP y que, al lado de cuanto acontece en combustibles, cereales y alimentos en el mercado mundial, lanza al gobierno al ineludible compromiso de proveer las debidas compensaciones sociales, más allá del tratamiento burlesco del precio de las tarifas eléctricas para pequeños consumidores. El violento encarecimiento de las materias primas, limitado a una mera aplicación matemática sobre precios y tarifas pero sin medidas compensatorias, puede desencadenar violencia en las calles. Quienes tienen las responsabilidades políticas deben anticipar este problema político.

Reducida la oposición política a la mínima expresión; noqueados algunos partidos por los golpes de una recia campaña mediática montada para reprimir su albedrío; confundidos esos partidos por no entender que en las relaciones con el poder no hay diferencia entre el matrimonio y la unión libre, ¿quién podrá encauzar ordenadamente la protesta ciudadana que se dejará oír, sin duda, cuando se agote la paciencia y el hambre haga lo suyo? Con toda seguridad no será quien el Lic. Juan Diego Castro llamó “la chapulina colorada”.

Los asalariados, y más aún los segmentos de la sociedad excluidos de los beneficios del crecimiento económico, son los más vulnerables e indefensos. Son las víctimas de esa aplicación mecánica de la ley del embudo que ha prostituido las reglas del mercado. Son también los más expuestos a la manipulación de los demagogos. En otros tiempos, la Iglesia católica asumiría su amparo y bregaría por la restitución de la justicia social dentro del inspirador enfoque del Arzobispo Sanabria Martínez que, en declaraciones a “La Tribuna” en junio de 1943, advertía sobre la impotencia del trabajador ante una maquinaria que se interpone a sus esfuerzos por mejorar su condición, por lo que a la Iglesia se le hace obligado extenderle su mano. Pero hoy, a mi parecer, los clérigos de la cúpula se concentran en lucrar con las cuantiosas inversiones financieras de la institución, en remover los impedimentos que le fijó la SUGEF para actuar como intermediario financiero y en salvar el pellejo —como Poncio Pilatos— ante la gestión de un administrador al que, indefenso por haberse muerto, le echan “los muertos”.

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